Alicia González
El precio de informar y la guerra contra la verdad: Jose Couso
El nombre de Couso es más que un caso judicial, es un símbolo de la lucha por la libertad de información en un mundo donde las guerras no solo se libran con armas, sino también con narrativas.

“Si la verdad es la primera víctima de la guerra, el periodismo es su siguiente objetivo.” Estas palabras del semiótico Paolo Fabbri resuenan al recordar el caso de Jose Couso, el cámara español asesinado el 8 de abril de 2003 en el Hotel Palestina de Bagdad durante la invasión de Irak. Su muerte no solo desnudó la vulnerabilidad de los periodistas en zonas de conflicto, sino que también expuso las grietas en el sistema internacional de protección de derechos humanos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) establece en su artículo 19 el derecho a la libertad de opinión y expresión, incluyendo “el derecho a investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas sin limitación de fronteras.” Sin embargo, la realidad dista mucho de este ideal.
En el caso de conflictos armados, la información se convierte en un arma estratégica y los periodistas, en objetivos vulnerables. Según Reporteros Sin Fronteras, 1.787 periodistas han sido asesinados entre 2003 y 2023, un promedio de 89 al año. Y aunque el Derecho Internacional Humanitario (DIH), en particular los Convenios de Ginebra (1949), garantiza protección a los civiles —incluidos los periodistas—, estos mecanismos parecen insuficientes cuando las balas son más rápidas que la justicia. Robin Geiss, experto en Derecho Internacional, advierte que “los periodistas son civiles protegidos, pero la impunidad sigue siendo la norma en la mayoría de los casos”.

El caso Couso: justicia atrapada en la burocracia
Jose Couso falleció cuando un tanque estadounidense disparó contra el Hotel Palestina, conocido como refugio de periodistas. Según testigos, no había combates cerca, y la cadena Al Jazeera había informado previamente a las fuerzas estadounidenses de la presencia de reporteros.
La familia Couso inició una batalla judicial que se prolongó durante más de 16 años. En 2010, el Tribunal Supremo archivó el caso, citando la falta de competencia universal para juzgar crímenes cometidos fuera de España. Sin embargo, en 2019, la Audiencia Nacional reconoció el derecho de la familia a recibir protección diplomática.
Esta decisión marcó un precedente al afirmar que los Estados tienen la obligación de defender a sus ciudadanos, incluso cuando el poder político se enfrenta a potencias como Estados Unidos. Como señaló el abogado Carlos Fernández Liesa: “Este caso demostró los límites de la justicia internacional frente al poder geopolítico”.
Periodismo en el frente de guerra y deuda con la verdad
La muerte de Couso no fue un hecho aislado. Ese mismo día, el periodista ucraniano Taras Protsyuk también murió en el ataque al Hotel Palestina, mientras Tareq Ayoub, de Al Jazeera, fue asesinado en un bombardeo en Bagdad. Estos incidentes plantean si los periodistas son víctimas accidentales o blancos estratégicos en frentes de guerra por el control informativo.
Julian Assange, fundador de WikiLeaks, advirtió que “la primera víctima de la guerra es la verdad, pero la segunda es quien intenta contarla”. Su afirmación encuentra similitudes con los informes de Human Rights Watch, que denuncian patrones de ataques deliberados contra periodistas en conflictos como Siria y Yemen.
La protección legal de los periodistas es un espejismo de la impunidad. El caso Couso no solo evidenció el fracaso del sistema judicial internacional, sino que también dejó al descubierto la sumisión de los Estados ante las potencias militares. La muerte de Jose Couso nos recuerda que la información tiene un costo, y a menudo, ese costo se paga con sangre. Pero también evidencia la urgente necesidad de fortalecer los mecanismos internacionales de protección para los periodistas. La sentencia de 2019 fue un avance simbólico, pero no resolvió el problema estructural: la impunidad. Mientras no existan tribunales verdaderamente independientes y sistemas legales capaces de desafiar la hegemonía política, casos como el de Couso seguirán repitiéndose.
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Alicia González Y Gómez | Doble Grado en Periodismo y Comunicación Audiovisual | Universidad Carlos III de Madrid