Cuando la Carta de las Naciones Unidas fue firmada en 1945, el mundo salía de las ruinas de lo que parecía ser una última guerra. El preámbulo del documento hablaba de “preservar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra”. Pero hoy, con Siria en prácticamente en ruinas y Ucrania como epicentro de una tragedia moderna, cabe preguntarse si ha fracasado nuestro moderno sistema de seguridad colectiva.

El Capítulo VII de la Carta de la ONU garantiza la acción conjunta contra las amenazas a la paz. En la práctica, las fisuras geopolíticas convierten este sistema en un campo de batalla donde las resoluciones se diluyen en vetos y declaraciones de condena.

Siria: misiles contra la legalidad internacional

El 14 de abril de 2018, Estados Unidos, Francia y el Reino Unido bombardearon Siria en represalia por el presunto uso de armas químicas por parte del régimen de Bashar al-Assad. Según la Convención sobre Armas Químicas (1997), el uso de este armamento está prohibido. Pero el ataque aliado se ejecutó sin la autorización del Consejo de Seguridad de la ONU, violando el artículo 2.4 de la Carta, que prohíbe el uso de la fuerza salvo en casos de autodefensa o por mandato del Consejo.

El embajador de Bolivia, Sacha Llorenti, denunció ante la ONU que “no se puede combatir la violación del Derecho Internacional violándolo de nuevo” y su crítica resuena en el dilema central sobre si genuinamente puede justificarse una violación legal para evitar una crisis humanitaria. Por su parte, la embajadora británica, Karen Pierce, defendió el ataque alegando que “el uso de la fuerza es legítimo si se trata de salvar vidas”. Sin embargo, este argumento invoca la doctrina de la “intervención humanitaria”, una figura no reconocida explícitamente en el Derecho Internacional.

Y, en palabras del jurista Antonio Cassese: “El intervencionismo humanitario es una espada de doble filo; puede salvar vidas o servir como pretexto para intereses geopolíticos”.

Ucrania: el resurgir de las invasiones en Europa

El 24 de febrero de 2022, Rusia invadió Ucrania, desatando el conflicto militar más grande en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Con más de 7.000 civiles muertos y 7,2 millones de refugiados según la ONU (enero de 2023), y el ataque violó flagrantemente el artículo 2.4 de la Carta de la ONU. Rusia justificó su acción alegando “autodefensa preventiva” y la protección de la población rusoparlante en Donetsk y Lugansk, invocando el artículo 51 sobre legítima defensa. Sin embargo, el argumento fue rechazado por la Asamblea General, que condenó la invasión con una votación de 141 votos a favor y 5 en contra.

Antonio Guterres, Secretario General de la ONU, declaraba entonces que “Es inaceptable y es una violación de la integridad territorial y de los principios de la Carta”. Pero, qué puede hacer entonces la ONU cuando uno de sus miembros permanentes, con poder de veto, lidera esa agresión. Aquí reside la ironía de un sistema de seguridad diseñado para mantener la paz, pero paralizado por el privilegio de los miembros más poderosos.

La Carta es papel mojado

El sistema de seguridad colectiva descansa en un principio noble pero utópico: que las grandes potencias actúen como guardianes de la paz. En realidad, estas potencias utilizan la ONU como una herramienta para legitimar o bloquear acciones según sus intereses. El veto en el Consejo de Seguridad es el arma definitiva. Desde 1946, Rusia y Estados Unidos han usado su poder de veto más de 250 veces, dejando a la ONU atada de manos en crisis como Siria y Ucrania. De la misma forma, Kofi Annan afirma que “la ONU es tan fuerte como la voluntad de sus miembros de actuar en nombre de la humanidad”. Pero, esa voluntad se disuelve cada vez más en la geopolítica.

La guerra de Siria mostró cómo la intervención humanitaria puede ser vista como justicia o imperialismo, según quién la ejecute. Ucrania ha expuesto que las reglas internacionales pueden ser ignoradas sin consecuencias tangibles para los agresores más poderosos. El sistema de seguridad colectiva no es irrelevante, pero es insuficiente. Sus éxitos, como las misiones de paz en África, se ven eclipsados por sus fracasos en Irak, Siria y Ucrania.

Si el mundo aspira a un orden basado en reglas, el Consejo de Seguridad debe reformarse. Propuestas como la eliminación del derecho de veto o la creación de un mecanismo para ejecutar resoluciones sin unanimidad han sido discutidas, pero carecen de apoyo político. Mientras tanto, los conflictos seguirán exponiendo las debilidades de un sistema diseñado para prevenir guerras, pero incapaz de detenerlas. Si recordamos a Hannah Arendt, “entre la ley y la justicia, el mundo siempre ha preferido la ley. Y quizás ahí radique el problema”.