Las fronteras son difusas y crisis globales no entienden de soberanías, los tribunales internacionales emergen como defensa de la justicia. Pero ¿realmente cumplen su función o se desmoronan bajo el peso de la política?

Desde La Haya hasta Estrasburgo, estas instituciones han escrito sentencias que están late en las aulas de derecho y en las portadas de los periódicos. Persiste aún así la duda sobre si son símbolos de justicia universal o herramientas selectivas de poder.

El laberinto de la justicia internacional

Los tribunales internacionales nacen de la premisa de arbitrar conflictos más allá de los intereses nacionales. Pero esta promesa se enfrenta al consentimiento de los Estados. El Tribunal Internacional de Justicia (TIJ), heredero del Tribunal Permanente de Justicia Internacional, solo puede actuar si las partes involucradas aceptan su jurisdicción. Este principio, conocido como consentimiento, se erige como garante de la soberanía, pero también como su talón de Aquiles.

En palabras del jurista Antonio Cassese, el derecho internacional es un sistema sin dientes que “solo muerde cuando los Estados le permiten abrir la boca”. Esto quedó demostrado en el emblemático caso Nicaragua vs. Estados Unidos (1986). La Corte sentenció que EE.UU. violó la soberanía nicaragüense al financiar a los “contras”. Pero Washington ignoró el fallo, retirándose entonces de la jurisdicción obligatoria del TIJ. Esto fue un golpe simbólico que dejó claro que la justicia internacional depende más de la voluntad política que de las leyes.

Tribunales penales, memoria contra impunidad

El siglo XX dejó cicatrices imborrables, desde el Holocausto hasta los genocidios de Ruanda y Bosnia. Como respuesta a esto, nacieron tribunales penales internacionales como los de Núremberg y Tokio, que fueron pioneros en juzgar crímenes de guerra y contra la humanidad. Sin embargo, los tribunales ad hoc para Ruanda (1994) y la ex-Yugoslavia (1993) mostraron un avance limitado. Aunque lograron condenas históricas como la de Radovan Karadžić por genocidio, sus procesos fueron criticados por ser lentos y costosos.

El Tribunal Penal Internacional (TPI), establecido en 2002, prometió cerrar esta brecha. Pero su eficacia ha sido también cuestionada. Según Human Rights Watch, el TPI ha procesado principalmente casos africanos, generando acusaciones de parcialidad. Como afirmó el expresidente de Sudán, Omar al- Bashir, acusado de crímenes de guerra, “el TPI es un instrumento colonial disfrazado de justicia”.

Derechos humanos y tribunales regionales: voces para los sin voz

En el ámbito de los derechos humanos, tribunales como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han sido cruciales para defender libertades fundamentales. El caso Jiménez Losantos vs. España (2000) ilustra precisamente esta función. El periodista español denunció la vulneración de su libertad de expresión tras ser condenado por injurias. El TEDH falló a favor de España, argumentando que las restricciones eran proporcionales para proteger el honor.

Este caso subraya el delicado equilibrio entre libertad de expresión y protección individual. Como afirmó el juez Rodrigo Bercovitz, “los derechos no son absolutos; colisionan y requieren ponderación”.

El consentimiento, utopía y pragmatismo

El principio del consentimiento es eje del Derecho Internacional, pero también su mayor debilidad. Los Estados pueden aceptar o rechazar la jurisdicción de los tribunales según sus intereses. Esto plantea cómo garantizar justicia universal si los Estados pueden evadirla. Por ejemplo, el caso de EE.UU. en Nicaragua y la negativa de China a reconocer las decisiones del Tribunal Internacional del Derechodel Mar reflejan esta tensión. Para el juez Baltasar Garzón, la justicia “no puede ser voluntaria cuando enfrenta crímenes que afectan a la humanidad”.

Los tribunales internacionales son espejos de nuestras aspiraciones y limitaciones. Representan la idea de un orden basado en la ley, pero operan en un sistema moldeado por el poder. Quizás el verdadero desafío no sea solo fortalecer las instituciones, sino transformar la cultura de la impunidad. Los Estados deben dejar de tratar la soberanía como un escudo para esconder abusos y empezar a verla como una responsabilidad compartida.

Al final, la justicia internacional no es solo una cuestión legal. Es una cuestión moral. Y mientras sigamos permitiendo que el consentimiento defina los límites de esa justicia, estaremos condenados a vivir en un mundo donde la ley es fuerte con los débiles y débil con los fuertes. El futuro de la justicia internacional no depende solo de las sentencias que dicte, sino del coraje de las naciones para cumplirlas. Porque si la ley es un ideal, su aplicación debe ser cumplida.